Entre los efectos del asalto masivo a Ceuta se encuentra el de dar respuesta legal y humanitaria a los cientos de menores no acompañados (menas) que permanecen en la ciudad y se suman a los que ya saturaban el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). Al margen de lo que se decida sobre su traslado a la Península, es el momento de reflexionar sobre la forma en que España encara este espinoso asunto. Se da por hecho que todo menor no acompañado que entra en España se convierte automáticamente en una responsabilidad a largo plazo de las autoridades, hasta que sean mayores de edad, momento en el cual muchos de ellos son abandonados a su suerte. Con esta premisa se comete un grave error que conduce a que sean inexistentes las devoluciones al país vecino. Los menores marroquíes son nacionales de Marruecos y corresponde a su Gobierno asumir la responsabilidad política y legal de procurar la devolución a su familia. En contra de lo que sugiere la práctica habitual, la repatriación de menores está expresamente prevista en la ley (2020) y el reglamento (2024) de extranjería y debería de ser la primera opción de las autoridades. Evidentemente, no es una tramitación sencilla porque el sentido humanitario en la aplicación de la ley se hace especialmente delicado tratándose de menores. Ahora bien, mientras no se adopte por el Gobierno un enfoque más realista e igualmente ajustado a derecho, el acceso ilegal de menores seguirá siendo un punto muy débil de respuesta al negocio de la inmigración ilegal. Las normas vigentes prevén que la repatriación de menores se hará «bien mediante reagrupación familiar, bien mediante la puesta a disposición del menor ante los servicios de protección de menores, si se dieran las condiciones adecuadas para su tutela por parte de los mismos». Por tanto, las familias y la Administración pública marroquí conservan sus respectivas responsabilidades con el menor. Antes hay que comprobar si éste lo es realmente, para lo que debería desplegarse en Ceuta un dispositivo suficiente para realizar las comprobaciones a la mayor brevedad. Y una vez certificadas la minoría de edad y la nacionalidad marroquí, lo razonable y legal sería requerir a las autoridades alauíes que se hagan cargo, aunque los datos oficiales revelan una clara falta de colaboración. No es España la que debe asumir la patria potestad de las familias, ni la responsabilidad de Marruecos con sus ciudadanos. La colaboración de las ONG a ambos lados de la frontera sería también bienvenida, enriqueciendo su aportación con labores de repatriación de menores, no solo de apoyo a los que asaltan las fronteras. Y si se trata de valorar las condiciones del país vecino para a acoger a sus menores, recordemos que Marruecos mantiene un gasto militar masivo y creciente año tras año; y que tiene a Estados Unidos, Francia e Israel, por este orden, como proveedores principales de armamento. Su economía va a crecer un 5,3 por ciento este año, proyecta construir infraestructuras faraónicas para el Mundial de 2030 y cuenta con más de 350 españolas instaladas en su territorio. No parece que sean estos los datos de un país que no pueda hacerse cargo de sus menores.
